*Por Ángel Rico
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Las
mediocridades de ministros de esta y anteriores legislaturas, supondrá que haya
que destinar dinero,--mucho dinero—que no tenemos a pagar el resultado de las
decisiones de sucesivos malos gobiernos.
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El
Ministro de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, a quien sus mediocridades le preceden tras aquel mensaje
SMS a María San Gil, en el pasado XVI Congreso Nacional del PP: --"María, he recibido tu ponencia.
¡Arriba España!"-- (sic).
Desde aquel momento, y tras ser designado ministro de los asuntos de industria y energía, al ver los constantes errores de este Ministro, un
servidor tuvo que recurrir al Diccionario
de Lengua Española para buscar una definición que identificase al personaje
con sus actuaciones, y allí –en el DRAE-- estaba la acepción adecuada: --Mediocre. (Del lat. mediocris). 1. adj. De calidad
media. 2. adj. De poco mérito, tirando a malo--.
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El
mediocre, José Manuel Soria, además
de aceptar todas las propuestas del “oligopolio
energético amigo” que está encareciendo la energía nacional y, por tanto,
la competitividad de nuestras empresas, es responsable por acción u omisión de resultados
políticos que supondrá que el Gobierno
de España, tenga que dedicar un dinero que no tenemos para pagar los
resultados de las sucesivas mediocridades.
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Para
empezar el Gobierno de España,
deberá pagar a ACS 1.700 millones por tener que cerrar el Proyecto Castor, (almacén de gas
subterráneo enfrente de la costa de Vinaroz,
Castellón) porque esa es la cantidad correspondiente a las compensaciones
de las inversiones realizadas. En una
sentencia notificada el Tribunal Supremo
desestima el recurso del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, porque sería "manifiestamente
injustificado" hacer inviable una compensación, cuya determinación deja
abierta, ya que dependerá de las causas que hayan llevado a la extinción o
caducidad de la licencia. El Supremo aprecia la necesidad de
introducir "un criterio de equidad y de evitación de un hipotético
enriquecimiento injusto del Estado".
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La
calidad media, del Ministro de
Industria, Energía y Turismo, está dificultando, además, que: --el Transporte de mercancías por carretera,
pueda utilizar una energía renovable, nacional y un 35 por ciento más barata
que el contaminante gasóleo tradicional--. Esa actitud, de poco mérito, tirando
a malo, mantiene a España en un
incumplimiento del Protocolo de Kioto,
al no reducir las emisiones de CO2, conforme a los acuerdos vinculantes--. España se encuentra en la actualidad
con una diferencia entre nuestras emisiones y el objetivo que nos marca el Protocolo de Kioto de 193 millones de
toneladas. (El Secretario de Estado de Medio Ambiente, dixit).
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Para
que España pueda presentar a finales
de 2014 unos aceptables datos, con los compromisos adquiridos tendrá que
comprar derechos de emisiones de CO2 en el exterior, lo que supondrá que, como
mínimo, habrá que destinar 1.370
millones de euros.
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Por
si las dos cantidades anteriores, relacionadas con la energía nacional, no
fuesen suficientes, hay que considerar: --las ayudas oficiales que del dinero
de los contribuyentes las diferentes administraciones aportaron, a fondo
perdido, para que se construyesen en España
fábricas de biodiésel, para producir energía nacional, renovable y creadora de
empleo. Las ayudas, al respecto, superaron los 1000 millones de euros--. Un informe de la Secretaría de Estado de Energía indica que: --En España, existen 46 fábricas de
producción de biodiésel, con una capacidad total instalada que supera los 4,2
millones de toneladas/año.— El 85 por ciento de esas fábricas están actualmente
cerradas. Y la mayoría nunca llegaron a funcionar. Lo que satisface los
intereses del “oligopolio energético
amigo”.
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La
suma de mediocridades gubernamentales, relacionadas con la energía, suponen un enorme coste; solo los ejemplos anteriores, le costarán al erario público más de 4.000 millones
de euros. La repetición en el error, nos recuerda aquellas declaraciones de
parte de la exministra Carmen Calvo,
cuando dijo “Estamos manejando dinero
público, y el dinero público no es de nadie” (sic) Visto, lo visto, para el
actual gobierno, “el dinero público no es de nadie y puede malgastarse”.
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Los
contribuyentes deben ser conscientes que: --hay seis millones de ciudadanos en
paro; que la energía, en general, y
la necesaria para el Transporte, en
particular, es innecesariamente cara; y que existe la posibilidad de utilizar
las sinergias nacionales, --3,5 millones de hectáreas de improductivo, pero
subvencionado, barbecho; 39 fábricas de biodiésel cerradas; y unos
profesionales del Transporte que
podrían utilizar el combustible nacional, a un coste inferior a un euro por
litro--. Mientras se satisfacen los intereses del “oligopolio energético amigo”,
el número de desempleados es el más alto de la UE, el coste de la energía encarece los productos nacionales, y
como hay que destinar 4000 millones –que
no tenemos-- a pagar las mediocridades gubernamentales, los enfermos
hospitalizados y crónicos se ven ya afectados por “el copago farmacéutico hospitalario”.
Es decir, las estupideces que el Gobierno
de España permite, en relación a la energía nacional, usted, respetado
lector, las acabará pagando de una u otra forma.
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…He dicho!
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*Es Presidente del GEA & GEA
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