*Por Ángel Rico
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Es de todos conocida la necesidad que tiene España de recaudar fondos a toda costa, para poder hacer frente a las deudas que tiene el Estado. Para conseguir ese objetivo vital, el Gobierno lanza campañas asustadoras de inspección para combatir el fraude y, divulga una serie de noticias, para escarmentar en cabeza ajena a los potenciales defraudadores. Está bien que se persigan los fraudes, sean estos grandes o pequeños.
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Lo que resulta insultante para los contribuyentes es, que mientras España necesita que recaude más la Hacienda Pública, y desde la Agencia Tributaria se considera a todos los ciudadanos como defraudadores en potencia, sea el propio Gobierno quién permita que se mantenga en el tiempo una de los más importantes fraudes referidos al IVA.
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Desde uno de los sectores más importantes de la economía nacional, el Transporte de Mercancías por Carretera, se puso en conocimiento de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, mediante un escrito, el 22 de mayo de 2010 y, un segundo escrito, el 29 de noviembre de 2010, el enorme fraude existente en el transporte de movimiento de tierras en las obras públicas. Fraude que, a juicio de los denunciantes, supone un 35% del total facturado.
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Como respuesta a estas denuncias, el Gobierno mediante el Director del Gabinete del Secretario de Estado de Economía, respondió: “Una vez analizado el caso, concluimos que, pese a su potencial impacto presupuestario, está principalmente relacionado con la normativa sectorial y su aplicación. Por ello, entra dentro de la esfera de competencias del Ministerio de Fomento, por lo que hemos remitido copia de su carta a la Secretaria de Estado de Transporte para su oportuna evaluación”. ¿Ustedes entienden tal actitud? Yo tampoco.
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Cuando es vital para la economía nacional aumentar los ingresos, por parte de la Hacienda Pública, resulta desmoralizador para el ciudadano normal la anterior respuesta oficial. Porque si la denuncia del sector de Transporte, no fuera importante para la Hacienda Pública, con exponerlo se habría resuelto la cuestión. Pero cuando se admite “su potencial impacto presupuestario” ¿Por qué, desde el Ministerio de Economía y Hacienda, no convocan de forma urgente a los denunciantes para estudiar la cuestión y poner las soluciones precisas para que la Hacienda Pública empiece a ingresar las cantidades perdidas hasta ahora? ¿Alguien en el Gobierno es consciente de los cientos de millones de euros que ha dejado de ingresar Hacienda desde que se hizo la primera denuncia? (mayo 2010) ¿Por qué dedicar más tiempo a perseguir las “chapuzas sin factura”, que a las grandes obras públicas del Ministerio de Fomento? ¿Quién se está beneficiando de esta situación?
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Cuando se analiza, con la suficiente frialdad, la situación de España y las actuaciones concretas del Gobierno (el peor gobierno de la Democracia) que siguen manteniendo a España al borde de la bancarrota, con cinco millones de parados, que serán controlados para evitar la economía sumergida (lo cual está bien) y, una parálisis en el crecimiento de la economía nacional, que según el FMI, “España solo crecerá el 0,6% en 2011 y un 1,5% en 2012”. Datos que auguran que el desempleo seguirá aumentando.
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Una de las virtudes que tienen que tener los gobernantes es la de ser “consecuentes”, poniendo en sintonía lo que dicen con lo que hacen. Por eso resulta chirríante la actitud del Gobierno que, por una parte, necesita recaudar fondos urgentemente para salvar al Estado y, por otra, es el cómplice por omisión de uno de los mayores fraudes a la Hacienda Pública.
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La opinión pública debe ser consciente de esta actitud displicente, apática, indolente, indiferente, cómplice y perjudicial, de un Gobierno que, con toda probabilidad, podría ser denunciado ante los Tribunales por dejación de funciones al incumplir, con la actitud descrita, el Reglamento General de actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria. Gobernar no es decir a los demás lo que tenemos que hacer, sino aplicar el discurso y predicar con el ejemplo. Cuando el Gobierno no impide el fraude en las obras públicas que dependen del Ministerio de Fomento, pierde toda la fuerza moral para dar mandatos a los demás.
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Esta actitud, poco ejemplarizante, es sonrojante no solo para los que la sufrimos desde dentro, sino para quiénes observan a este gobierno desde Alemania, París y Bruselas. Así son las cosas y así hay que contarlas.
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…He dicho!
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Mientras tanto el petróleo (brent) se cotiza hoy a 102,31 dólares por barril y el litro de gasóleo lo pagamos a 1,255 euros por litro.
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*Es miembro de APAE
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Es de todos conocida la necesidad que tiene España de recaudar fondos a toda costa, para poder hacer frente a las deudas que tiene el Estado. Para conseguir ese objetivo vital, el Gobierno lanza campañas asustadoras de inspección para combatir el fraude y, divulga una serie de noticias, para escarmentar en cabeza ajena a los potenciales defraudadores. Está bien que se persigan los fraudes, sean estos grandes o pequeños.
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Lo que resulta insultante para los contribuyentes es, que mientras España necesita que recaude más la Hacienda Pública, y desde la Agencia Tributaria se considera a todos los ciudadanos como defraudadores en potencia, sea el propio Gobierno quién permita que se mantenga en el tiempo una de los más importantes fraudes referidos al IVA.
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Desde uno de los sectores más importantes de la economía nacional, el Transporte de Mercancías por Carretera, se puso en conocimiento de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, mediante un escrito, el 22 de mayo de 2010 y, un segundo escrito, el 29 de noviembre de 2010, el enorme fraude existente en el transporte de movimiento de tierras en las obras públicas. Fraude que, a juicio de los denunciantes, supone un 35% del total facturado.
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Como respuesta a estas denuncias, el Gobierno mediante el Director del Gabinete del Secretario de Estado de Economía, respondió: “Una vez analizado el caso, concluimos que, pese a su potencial impacto presupuestario, está principalmente relacionado con la normativa sectorial y su aplicación. Por ello, entra dentro de la esfera de competencias del Ministerio de Fomento, por lo que hemos remitido copia de su carta a la Secretaria de Estado de Transporte para su oportuna evaluación”. ¿Ustedes entienden tal actitud? Yo tampoco.
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Cuando es vital para la economía nacional aumentar los ingresos, por parte de la Hacienda Pública, resulta desmoralizador para el ciudadano normal la anterior respuesta oficial. Porque si la denuncia del sector de Transporte, no fuera importante para la Hacienda Pública, con exponerlo se habría resuelto la cuestión. Pero cuando se admite “su potencial impacto presupuestario” ¿Por qué, desde el Ministerio de Economía y Hacienda, no convocan de forma urgente a los denunciantes para estudiar la cuestión y poner las soluciones precisas para que la Hacienda Pública empiece a ingresar las cantidades perdidas hasta ahora? ¿Alguien en el Gobierno es consciente de los cientos de millones de euros que ha dejado de ingresar Hacienda desde que se hizo la primera denuncia? (mayo 2010) ¿Por qué dedicar más tiempo a perseguir las “chapuzas sin factura”, que a las grandes obras públicas del Ministerio de Fomento? ¿Quién se está beneficiando de esta situación?
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Cuando se analiza, con la suficiente frialdad, la situación de España y las actuaciones concretas del Gobierno (el peor gobierno de la Democracia) que siguen manteniendo a España al borde de la bancarrota, con cinco millones de parados, que serán controlados para evitar la economía sumergida (lo cual está bien) y, una parálisis en el crecimiento de la economía nacional, que según el FMI, “España solo crecerá el 0,6% en 2011 y un 1,5% en 2012”. Datos que auguran que el desempleo seguirá aumentando.
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Una de las virtudes que tienen que tener los gobernantes es la de ser “consecuentes”, poniendo en sintonía lo que dicen con lo que hacen. Por eso resulta chirríante la actitud del Gobierno que, por una parte, necesita recaudar fondos urgentemente para salvar al Estado y, por otra, es el cómplice por omisión de uno de los mayores fraudes a la Hacienda Pública.
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La opinión pública debe ser consciente de esta actitud displicente, apática, indolente, indiferente, cómplice y perjudicial, de un Gobierno que, con toda probabilidad, podría ser denunciado ante los Tribunales por dejación de funciones al incumplir, con la actitud descrita, el Reglamento General de actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria. Gobernar no es decir a los demás lo que tenemos que hacer, sino aplicar el discurso y predicar con el ejemplo. Cuando el Gobierno no impide el fraude en las obras públicas que dependen del Ministerio de Fomento, pierde toda la fuerza moral para dar mandatos a los demás.
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Esta actitud, poco ejemplarizante, es sonrojante no solo para los que la sufrimos desde dentro, sino para quiénes observan a este gobierno desde Alemania, París y Bruselas. Así son las cosas y así hay que contarlas.
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…He dicho!
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Mientras tanto el petróleo (brent) se cotiza hoy a 102,31 dólares por barril y el litro de gasóleo lo pagamos a 1,255 euros por litro.
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*Es miembro de APAE
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