*Por Ángel Rico
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Resulta definitorio que iniciemos el año nuevo,
hablando de los vicios de un Gobierno que empezó su mandato, dándole un
puntapié a su propio programa electoral, para gobernar haciendo todo lo contrario,
sorprendiéndonos cada día con alguna
actuación incomprensible para el común de los mortales.
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El contencioso entre una empresa privada, Sacyr Vallehermoso, en el contrato de
obra pública con un gobierno concreto, el de Panamá, y la inmediata puesta en movimiento del Gobierno de España para mediar, resulta
claramente insultante, si comparamos esa diligencia gubernamental con otros
casos donde se está actuando con clara apatía, como el del Transporte de mercancías por carretera.
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Sin querer entrar al fondo del asunto que ha llevado a
una situación de crisis a la empresa privada, Sacyr, en relación al desarrollo del contrato para la ampliación del Canal de Panamá, lo que hay que dejar
claro es que: --ese tipo de desacuerdos deben aclararse en los tribunales de
arbitraje que, en el propio contrato de adjudicación, se establecieron para
este tipo de supuestos--. Que hablen los tribunales y callen los intereses y
los ministros.
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Por ello resulta sorprendente que, la ministra de Fomento, del Gobierno de España, Ana Pastor,
viaje de forma urgente a Panamá con
la intención de entrevistarse con el presidente panameño, Ricardo Matinelli, para encontrar una solución que desbloquee el
proyecto. ¿Qué solución? Porque, en su caso, los tribunales le darán la razón a
la parte que la tenga, luego entonces ¿Qué
pinta la ministra de Fomento intermediando en el contrato de una empresa
privada?
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También resulta elocuente que un expresidente de Sacyr, como informó el diario “El
País”, vendiese un total de 2,87 millones de acciones del grupo de
construcción y servicios, representativas del 0,597 por ciento del capital de la
compañía, el pasado 23 de diciembre, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Días antes del anuncio del
ultimátum a las autoridades del Canal de
Panamá de paralizar las obras hasta que no reciba un compromiso de que se
le pagarán los sobrecostes, en una operación que tuvo un valor de mercado de
más de 11 millones de euros. No viéndose perjudicado por –la caída del 8,95 por ciento en
bolsa de las acciones de Sacyr, protagonizado
en la primera sesión bursátil del año la mayor caída del selectivo español Ibex 35 como reacción al anuncio el día
anterior de la suspensión de las obras de ampliación del Canal de Panamá.
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Las triquiñuelas que utilizan las empresas
constructoras, para ser adjudicatarias, en España,
de obras públicas son conocidas. Y en aquellos casos donde, por ejemplo, se
tuviese que presupuestar el movimiento de tierras de 250 hectómetros cúbicos, la Administración
Pública
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¿Cómo una Administración Pública, --en algunos casos
obras licitadas por el propio ministerio
de Fomento—adjudica una obra a un presupuesto que, utilizando los costes
del Ministerio de Fomento, resulta
imposible? ¿Cuándo se pedirá perdón por tan clara complicidad a favor de las
constructoras y en contra de los profesionales del Transporte de mercancías por carretera? ¿Por qué se es tan,
descaradamente, parcial a favor de los grandes y en contra de los pequeños?
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Hablar de una
“cuestión de Estado” en relación
a la crisis del Canal de Panamá, es
mentira. La ministra de Fomento,
entre sus competencias tiene las del Transporte
de mercancías por carretera, a saber: -- Corresponde
al Ministerio de Fomento la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en los ámbitos de las
infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de competencia
estatal; de control, ordenación y regulación administrativa de los servicios de
transporte correspondientes--. Es decir, en España que más del 80 por ciento de las mercancías se mueven por
carretera, el Transporte sí es una “cuestión de Estado” así como
garantizar la Seguridad Alimentaria
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La presidenta de Transportistas
por su Futuro “TRANSFUTURO” –Blanca Salmón-- ha comunicado la redacción de
un escrito oficial, para entregárselo a la ministra
Pastor, a su vuelta de Panamá,
pidiéndole que: --Interceda en todos aquellos casos donde las empresas,
incluidas las constructoras, contraten con los transportistas servicios por
debajo de los costes establecidos por el propio Ministerio de Fomento--. De esa forma el Gobierno de España, demostrará que le importa tanto los intereses
de las grandes compañías, como el de un gran colectivo, el del Transporte de mercancías por carretera,
compuestos por muchos miles de profesionales autónomos, que no piden
subvenciones como los sectores “agrario” o del “carbón”, sino que se les
permita trabajan dentro de la
Ley.
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Y para terminar una pregunta: --¿Los costes del avión
ministerial a Panamá quién lo pagará
la empresa privada, Sacyr, o los
contribuyentes españoles?
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…He dicho!
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*Es Presidente
del GEA & GEA
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