domingo, 4 de septiembre de 2011

Nosotros “los Rico” y la igualdad ante la Ley

*Por Ángel Rico

Le confesaré a usted, respetado lector, que estos días me encuentro abrumado. Tengo la sensación que todas las miradas se dirigen a mi, con comentarios en voz baja: “miradlo, ahí va el Rico”. La verdad, me siento incómodo desde que el portavoz del Gobierno, José Blanco, habló de la necesidad de subir los impuestos a los ricos. Sobre todo cuando Blanco retó al PP a incluir en su programa la subida de impuestos a los ricos como lo hará Rubalcaba Desde ese momento no soy el mismo.

No quiero ser protagonista en los programas electorales, de unos y otros. No quiero ser “el rico arrojadizo” de la próxima campaña electoral. Quiero que me dejen en paz. Porque es demasiada responsabilidad, que sobre mis espaldas recaiga una parte importante de la recuperación del déficit público y, lo que es más preocupante, no quiero ser el instrumento que utilicen los sindicatos del régimen, para ocultar su directa responsabilidad en la gravísima situación económica y laboral en que han dejado España, con acusaciones exculpatorias ¡La culpa es de los ricos! ¡Es de los ricos!

También seremos el argumento de “los indignados” que nos achacan a los ricos la culpa de toda su indignación. Al igual que para la izquierda de Lara-Zares. A falta de argumentos creíbles, leña a los ricos.

La macedonia o ensalada que forman “indignados, izquierda y sindicatos”, tienen una oportunidad para hacerse respetar por la sociedad, aprovechando la próxima fiesta del PCE, convocar y reunir mayor número de adeptos que los que congregó la JMJ en Madrid. Y. los indignados podrán emitir, urbi et orbi, su discurso político contra los ricos, y solicitar a los contribuyentes seguir beneficiándose, de todos los favores y regalos que les otorgó Zapatero en las dos últimas legislaturas.

Porque mientras los “ricos” somos el centro de la atención de la sociedad, el, separatista, Gobierno de Cataluña, comunica públicamente: “que no cumplirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le ha dado un plazo máximo de dos meses al Departamento de Enseñanza, para que adapte el sistema educativo con el fin de implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, junto al catalán”.

¿A usted, respetado lector, le parece bien el desacato del Gobierno Catalán? --A mi tampoco. Como tampoco me parece admisible soportar, la chantajista, alérgica, insultante y egoísta, actitud de los partidos nacional separatistas, que han vuelto a manifestar (en el debate sobre la reforma de la Constitución) que el bien de la mayoría de los españoles les importa un comino.

La vicepresidenta del Gobierno Catalán, Joana Ortega, ha dicho: “confío en que se pueda corregir una sentencia que creo que no es justa”. En una clara oposición al principio de la Ley es igual para todos.

Pero lo peor es, que el Gobierno de Zapatero, defiende el desacato catalán. La ministra de Defensa, Carma Chacón, miembro del PSC, ha dicho que: --«los socialistas catalanes defendemos y defenderemos el sistema educativo de inmersión lingüística, que es el que ha garantizado la cohesión social y lingüística en nuestro país»—. Justificación de un desacato a los tribunales que, también, permitirá el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, al restar trascendencia al fallo del TSJC.

Llegados a este punto de la situación política en España, nosotros “los ricos” tenemos que recordar el artículo 14 de la Constitución Española, que indica con toda claridad: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Si un ciudadano cualquiera no puede decir: “confío en que se pueda corregir una sentencia que creo que no es justa”, ante una sentencia que no le guste, desde un gobierno regional o central, no se puede permitir tal actitud. Porque somos iguales ante la Ley. Y si usted, respectado lector, y yo tenemos que cumplir la Ley y acatar las sentencias de los tribunales de justicia, los gobiernos regionales también.

Y ahora que está tan de moda recordar la Constitución, me permito hacer mención a uno de sus artículos, concretamente el 155, que indica: --“1.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno (central), previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”

2.- Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno (central) podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. (sic)

Y es más, reivindico que se convoque un referéndum nacional al efecto, para no ser yo, en exclusiva, quien señale que a las autonomías que no cumplan la Ley, se les retire las transferencias de forma inmediata.

…He dicho!

*Es Presidente de ADRIE

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