*Por Ángel Rico
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Respetado
lector, le propongo un ejercicio de imaginación: --supongamos que algún fiscal,
a diferencia de la postura mantenida el 9N, día de la presentación de la
denuncia, donde argumentaron, los fiscales, que, “no procede la adopción de
medidas cautelares solicitadas por los denunciantes” (medidas que consistían en
la retirada de las urnas ilegales) se decide a mantener la acusación contra Artur Más, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y el consejero de
Interior, Ramón Espadaler, entre
otros, por presunta, “prevaricación”, “desobediencia”,
“malversación” y “rebelión” (entre otros), llegando la situación procesal hasta el
momento en que un juez, del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, estudiados los acontecimientos previos y
los ocurridos durante el 9N, decide
iniciar el procedimiento de acusación contra los cargos públicos indicados, se
encontraría con el Estatuto de autonomía
de Cataluña, en el Artículo 57, Estatuto de los Diputados, que dice:
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1.
Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que
emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los
efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito.
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2.
En las causas contra los Diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de
Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
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Es
decir, que para poder imputar a los políticos indicados, “se requerirá, imperativamente, el
suplicatorio por parte de la mayoría del Parlamento
de Cataluña”, suplicatorio que, como usted estará imaginando, no se
aprobará nunca por parte del Parlamento
de Cataluña y, en ese momento, la causa decaería en los tribunales. Ningún
tribunal podría continuar con una causa penal. Dado que la inviolabilidad por
las opiniones (porque así se defenderá el incumplimiento de lo mandado por el Tribunal Constitucional con respecto al
referendo ilegal) supondrá, precisamente, que aquellas "no puedan ser
sometidas a procedimiento alguno" (STC
36/1981), la inadmisión directa de la acción de los Tribunales por
las Cámaras (Parlamento de Cataluña)
será la reacción jurídica procedente.
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Por
lo que cabe imaginar que: --En esta, mal oliente, representación político teatral,
donde se estuvo negociando (Arriola en
nombre de Rajoy, José Enrique Serrano, en nombre del PSOE, y Joan Rigol,
“President del Pacte Nacional pel Dret a Decidir”) hasta el pasado día 8 de noviembre, estaban
pactando los diferentes movimientos teatrales, de unos y otros; siendo conscientes que, al
final no ocurriría nada. Todos aparentarían que hicieron lo que tenían que
hacer, cuando en el fondo, todos estaban representando una vergonzosa farsa,
que supuso dejar, el 9N, indefensos
a dos de cada tres españoles con residencia en Cataluña; porque el gobierno que recurrió ante el Tribunal
Constitucional, la iniciativa secesionista e ilegal de los representantes
del Estado en Cataluña, no hizo nada mientras una parte del Estado, estaba incumpliendo –con urnas en locales públicos-- lo que
ordenó dicho tribunal.
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Colectivos
que merecen mi máximo respeto, como Libres
e Iguales, han hecho público, entre otras cosas, las siguientes:
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--Por desgracia para la democracia y
para el mantenimiento de los más elementales vínculos de confianza entre
gobernantes y ciudadanos, el gobierno del presidente Rajoy ha observado pasivamente el desarrollo de los
acontecimientos, olvidando culpablemente que su primera obligación es la de
cumplir y hacer cumplir la
Constitución.
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El gobierno de la Generalidad
no sólo ha organizado política y logísticamente la jornada sino que ha exhibido
su compromiso con la ilegalidad de manera retadora. Se ha negado a acatar la
sentencia inequívoca del Tribunal
Constitucional y ha exhibido el sometimiento del Estado de Derecho como
un triunfo político.
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Esta agresión a la democracia no ha
recibido la respuesta que merece. El Gobierno del presidente Rajoy no ha
impedido el atropello la legalidad en Cataluña.
Su dejación ha debilitado gravemente al Estado
y ha colocado a los ciudadanos en la indefensión jurídica y el desamparo
político.
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El incumplimiento de la ley y este
desistimiento abren una crisis política de una envergadura desconocida desde la
aprobación de la Constitución y un
foso de profunda desafección ciudadana que, a juicio de Libres e Iguales, descalifica al Gobierno del presidente Rajoy para seguir cumpliendo su mandato
constitucional— (Sic)
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Todos
aquellos que creemos en el Estado de Derecho,
lo podríamos decir más fuerte, pero nunca más claro. Sintiendo vergüenza de la
actitud de un gobierno connivente, con una parte del Estado, con cuya ilegal actitud insulta a la mayoría de los
ciudadanos, que sentimos profundamente lo que dijo, Alfonso X el Sabio: --Los que dejan al rey errar a sabiendas,
merecen pena como traidores--
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…He dicho!
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*Es Presidente del Instituto Hispano
Luso
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