(*) Por Ángel Rico Escribano
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Soy de la opinión que, Ronald
Reagan, tenía razón cuando dijo –“La
política es la segunda profesión más antigua de la historia. A veces creo
que se parece mucho a la primera”-. Lo que la sociedad está viendo, con esa actitud
fentanilada de tragarse todo lo que el “presiMiente” felón I de La Moncloa
hace, con un descarado y permanente incumplimiento de lo que indica la
Constitución, habiendo colocado en el “tribunal prostitucional” a alguien que
está dispuesto a “mancharse la toga con la mierda del PSOE” suplantando las
atribuciones de los tribunales, en general, y del Tribunal Supremo, en
particular.
El mismo personaje que redactó el
cuerpo de la ley de amnistía registrada por el PSOE, el pasado 13 de noviembre
de 2023, será quien tendrá que decir que “dicha ley es constitucional” como
presidente del tribunal prostitucional. Es decir, todo el sistema está
controlado por el felón I, para que la sociedad trague lo que, creíamos que
nunca estaría dispuesta a tragar. Todos los informes emitidos hasta ahora, y
todas las asociaciones de jueces y fiscales coinciden que lo que recoge la
amnistía es inconstitucional, rompiendo los principios del Artículo 14 de
la Constitución Española: Los españoles son iguales ante
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Eso en cualquier parte del mundo
libre sería considerado como una dictadura golpista. En cambio, los medios
informativos españoles subvencionados por el sistema corrupto, lo revenden como “un gobierno de progreso”
sabiendo que posiblemente usted, respetado lector, se lo acabe tragando sin,
tan siquiera, digerirlo como muchos
millones de personas que ovejunamente miran la situación esperando que alguien
haga algo. Porque, la situación de dictadura comunista,
del “presiMiente” acabará afectando negativamente a la totalidad de la
población. A usted, respetado lector, también.
Como indican los manuales de dictaduras bolivarianas, el “socialpijomunismo” colocando a personajes del sistema, como el caso de “la ministra del Congreso” (Francisca Armengol) o “el ministro prostitucional” (Cándido Conde-Pumpido) quiere controlar, sin ningún tipo de rubor, todos los poderes para continuar como dictadura en un camino hacía ninguna parte.
Que la clase política, apruebe de forma ilegal, una ley de amnistía que beneficiará a los propios políticos es impresentable en una sociedad que se respete a sí misma. Y que se pueda denominar como “progresistas” a los miembros del Partido de los Negocios Vascos (PNV); Junts per Catalunya; los bilduetarras; o el Bloque Nacionalista Galego (BNG) significa que el desconocimiento sobre la realidad política, del “Nazi-socialismo” es preocupante.
Surgiendo la pregunta: ¿Se está haciendo por parte de los partidos de la oposición todo lo que es posible hacer? –Y tengo que responder que, en mi humilde opinión, no. Por parte del PP, los discursos teatralizados de Feijóo-y, con un indisimulable olor a “sorayismo” con la necesidad psicológica de ser “reconocido por la izquierda” no sirven para producir nada de utilidad política real; al estar más preocupado por la aceptación de la izquierda, que por ser comprendido por los García, los Rodríguez o los Fernández de la España huérfana de autoridad respetable.
Y por parte de VOX, tampoco hay
utilidad, salvo el símil de “una pedrada sobre una portada de chapa” o del
martilleo del yunque, que después del ¡zaas-zaas!, y tras “del cuanto peor
mejor”, no hay nada productivo que sirva para frenar el golpe al Estado que se
está llevando a cabo en España. Desconociendo que en política se está para
conseguir objetivos concretos que sirvan a los españoles, todo lo demás: Igual
que en un escenario / Finges tu dolor barato / Tu drama no es necesario / Ya
conozco ese teatro / Teatro, Lo tuyo es puro teatro / Falsedad bien ensayada / Estudiado
simulacro / “teatro, puro teatro”.
La oposición no ha estado a la
altura ante los gravísimos ataques a la justicia que hemos vivido esta semana.
No ha hecho sonar su voz con la contundencia que merecía semejante pisoteo a
las reglas básicas de un sistema de derechos y libertades. Y siento muchísimo
decir que el pueblo español está mayormente aletargado, bien hipnotizado por el
nuevo régimen «progresista». Los miles de jóvenes que, en las universidades,
están estudiando Derecho, estarán asombrados al comprobar que la teoría de lo
estudiado no servirá, a la hora de la verdad, para nada mientras gobierne el todavía
“presiMiente”.
El muro que ha construido el PSOE
que separa a los buenos de los malos, donde los asesinos bilduetarras y los
nacionalseparatistas, son los buenos y las víctimas del terrorismo, los
constitucionalistas y los de las manos blancas, somos los malos. Como
en los tiempos de sangre y plomo de la ETA en el País Vasco, unos señalan y
otros 'disparan'. Y esta semana, el objetivo tiene nombre y apellidos: el
juez Manuel García Castellón, una pieza de caza mayor a abatir por los
independentistas y el PSOE, por poner obstáculos a la ley de amnistía. Con una
dinámica tan golpista cabría pensar que en algún momento, podrían declarar
constitucional volver a crear “checas” para meter ahí a quienes no comulguemos
con tanta dictadura inadmisible. Porque el parecido con los instrumentos de
represión utilizados en la España de 1936, por el Frente Popular, es enorme.
Entonces los sectores del Frente Popular implicados en la revolución coincidían
en la voluntad de exterminio de las personas y sectores sociales considerados
un obstáculo para la nueva sociedad que se pretendía implantar. El Gobierno
nunca demostró voluntad efectiva de hacerles respetar la ley, consciente de que
dependía de ellos para garantizar su propia supervivencia. Y tampoco los
revolucionarios sintieron la inmediata necesidad de crear un nuevo orden
jurídico y político. De ahí el caos imperante en una retaguardia donde cada
grupo (anarquistas, socialistas, comunistas, poumistas, regionalistas…)
movilizó milicias, constituyó órganos de gobierno y administración, creó
policías y tribunales y se dedicó a toda clase de ensayos económicos y
sociales.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este viernes por unanimidad una declaración institucional en la que carga contra el Gobierno por las declaraciones de Teresa Ribera contra el juez García Castellón. En el CGPJ entienden que las manifestaciones de la vicepresidenta tercera "son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho".
Las 7 fases del totalitarismo están
inventadas, por Orwell: 1ª – Destruir la
libertad; 2ª – Empobrecer la lengua; 3ª – Abolir la verdad; 4ª –Suprimir la Historia; 5ª –Negar la
naturaleza; 6ª –Propagar el odio; 7ª –Aspirar al imperio. Como estamos viendo,
punto por punto, lo está aplicando el
“socialpijomunismo” para mantenerse en el poder, con la cómplice ignorancia del
personal. Hablar, con esta gente, de gobierno de progreso, es igual que hablar
“del agua deshidrogenada”. En ambos casos son oxímoron de imposible
cumplimiento. Y una mentira, es una mentira, aunque la diga veinte veces el
“presiMiente”.
Y esta semana ha llegado la fase tres: una vicepresidenta del Gobierno del ala socialista, Teresa Ribera, lanzándose en la televisión pública sanchista al gaznate del veterano y prestigioso juez Manuel García-Castellón, al que acusó de tomar sus decisiones por motivos políticos. La acusación fue secundada al instante por otro ministro, Óscar Puente. Es decir, tenemos a una vicepresidenta del Gobierno que sin decirlo literalmente está acusando al magistrado García-Castellón de un delito de prevaricación ¿Y por qué lo hace? Pues porque el juez instructor de la Audiencia Nacional está investigando, como es su deber, una acusación de la fiscalía sobre que Tsunami Democratic pudo haber cometido delitos de terrorismo; lo cual le viene fatal a Puigdemont, que es el que manda, a la hora de sacar adelante su amnistía.
Si hace unos meses el socialismo rechazaba una Ley de Amnistía por quebrar la separación de poderes y el principio de igualdad, ahora su relato ha dado un giro de 180 grados. Antes era inconstitucional y ahora es «una norma plenamente constitucional que seguirá contribuyendo al reencuentro y a cerrar las heridas aún abiertas de un escenario al que nunca debimos llegar». ¿Quién lo dice? Pues Pedro Sánchez y punto final.
Pedro Pacheco, alcalde de Jerez en 1985, fue un visionario cuando acuñó la frase de “la Justicia es un cachondeo”. Los clásicos nos enseñaron que “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”, pero como defensa, los ciudadanos, solo contamos con la Justicia para estar seguros. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Por ello, debemos colocar al “presiMiente” donde le corresponde.
Ahora aparece el dilema ¿Qué
estamos dispuestos a hacer, los ciudadanos independientes, para frenar esta locura?
--.•. ¡…He dicho!
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(*)
Es Presidente del Instituto Hispano Luso
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