jueves, 26 de enero de 2012

Vergüenza por la Justicia ajena

*Por Ángel Rico
.
En los últimos días, en España, el centro de las noticias de todo tipo de prensa tenía que ver con la Justicia. Donde los ciudadanos de a pié, hemos visto como, desgraciadamente, es posible pervertir la Justicia, a favor de los intereses de quienes pueden pervertirla.
.
Aquello que nos enseñaros nuestros mayores de que: la “Justicia (Iustitia) es --la concepción que cada época de la civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas”, ha desaparecido de lo que, nosotros el Pueblo, entendemos por Justicia, porque hemos visto con sonrojo, en los casos Garzón, (referidos a la interceptación de las conversaciones de abogados e imputados del caso Gürtel, y de la Memoria Histórica y la causa general contra el franquismo) que el “Ministerio Fiscal” que --constitucionalmente tiene encomendada la promoción de la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, (sic) ha actuado de una forma contraria a los principios que rigen su ministerio.
.
Y esto debe preocuparnos, porque si la fiscalía en España es capaz de hacer esto, puede tener la tentación de hacer otras cosas contrarias al primitivo sentido de la palabra Justicia.
.
El actuación del fiscal Antolín Herrero, en el caso de la intervención de las conversaciones del abogado y el imputado en el caso Gürtel, defendiendo el incumplimiento de la Ley resulta inadmisible, cuando la Ley General Penitenciaria, indica en su artículo cincuenta y uno dos: “--Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que los representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo” Lo que no ocurría en el caso Gürtel.
.
Mismo sonrojo provocó el fiscal Luis Navajas, actuando como codefensor del imputado Baltasar Garzón, en lo referido a la apertura de una investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil, cuando no era competente para hacerlo. Algo así, como si, por ejemplo, un médico de la Seguridad Social española, especialista en traumatología, se empeñase en realizar a un paciente una operación de neurología, en contra de las indicaciones del director del hospital donde prestase sus servicios. De eso trata el asunto de Garzón y los crímenes del franquismo, que Garzón se empeñó en realizar la investigación de unos asuntos para los que no tenía atribuciones. En Derecho eso se llama, prevaricación. Lo peor, a mi juicio, no es que Garzón lo pudiera hacer mal, sino que el Ministerio Fiscal con su actuación, no lo haga a favor de la Ley, sino del imputado. Lo que resulta peligrosísimo en Democracia.
.
Imagínese, respetado lector, un hipotético asunto consistente en juzgar los daños provocados por la inundación en una ciudad, donde el agua llegó a una altura de tres metros, y el fiscal argumentase vehementemente: --En este caso, el Ministerio Fiscal, decide no imputar a nadie porque no veo el agua objeto del litigio. Y, por tanto, al no haber imputación el agua que inunda la ciudad, del ejemplo, deja de existir.
.
Porque la realidad debe ser la que es, y no lo que quiera o no admitir el Ministerio Fiscal. Una actuación mal hecha, no deja de estar mal, simplemente porque la fiscalía decida no actuar. Algo que previó la Constitución Española, mediante su artículo 125, indicando que: “--Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales” (sic)
.
Por higiene democrática es urgente volver a aplicar, en España, la filosofía de Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, y devolver al Pueblo la separación de poderes, uno de los principios que caracterizan el Estado de Derecho, para que las autoridades se rijan y permanezcan sometidas al Derecho. Y que la verdad sea la verdad, la diga el juez Garzón o su porquero. De no ser así, volveríamos a aquello que dijo, Francisco de Quevedo: “--Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”
.
…He dicho!
.
*Es miembro de FAPE

No hay comentarios:

Publicar un comentario