*Por Ángel Rico
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En
1983, cuando la, entonces, Comunidad Económica Europea (CEE) era una entelequia soñada para
los españoles, un grupo de personas –entre las que tuve el privilegio de
encontrarme—nos fuimos a vivir a Bruselas
para estudiar qué era aquello del “Mercado
Común”. Yo, ahora, les confieso a mis hijos que, para un servidor de
ustedes, con los 24 años de entonces, fue un reto vital, de enorme importancia,
formar parte del equipo de los que propusimos alternativas, contra alternativas,
y contra-contra alternativas, a las proposiciones que el establishment
comunitario hacía, para que España
formase parte del selecto Club de los 12.
Se aprobó el Acta Única Europea (AUE)
en febrero de 1986, entrando en
vigor el 1 de julio de 1987, un año
después de la incorporación de España
y Portugal.
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Para
el sector “agrario” que era el que correspondía
a nuestra delegación, a través del Centro
Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA)
conseguimos que, desde 1986, recibiese anualmente 7.500 millones de euros,
–sumando un total de 202.500 millones de euros—
(una barbaridad de millones de
pesetas de entonces). Como argumento, cada cual en nuestro sector,
utilizamos a la hora de negociar, la normativa existente en la legislación
comunitaria en vigor. Soporte legislativo que ha permitido que, centenas de
miles de agricultores se hayan beneficiado de la parte alícuota
correspondiente, y que dichas ayudas hayan aportado cada año varios puntos al PIB nacional. Las ayudas, que
conseguimos en aquel tiempo, han aportado más del 33% de la rentabilidad
agraria.
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Desde
entonces la Unión Europeala UE actual, tendrán
derecho a las ayudas—y, sensu contrario,
quienes dispongan de una renta superior, --ergo España (salvo
Extremadura que seguirá siendo Zona objetivo 1)--, no seguirán
beneficiándose de las ayudas, pero no como un castigo político, sino porque los
fondos existentes deben ir a los países más desfavorecidos. –Ese fue nuestro
argumento en 1986 y, por tanto,
entiendo que los colegas negociadores de los nuevos países hayan utilizado el
mismo razonamiento-.
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Unos
principios que debieran estar claros para todos –es digno de mérito estar fuera
de las ayudas, porque eso supone que el país es más rico que los que recibirán
las ayudas--. Principios, evidentes para todos, salvo para los actuales
representantes del sector agrario español, y para los populistas políticos
decimonónicos, que siguen utilizando
como argumento negociador aquel de: --“quien no llora, no mama”--. Por lo que,
llegados a este punto, surgen los problemas diplomáticos y de melancolía, al
seguir reivindicando que –el tiempo pasado fue mejor--.
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Tengo
que confesarle a usted, respetado lector, que resulta sorprendente escuchar a los
agrolíderes de ahora, esgrimir los
argumentos utilizados por nosotros, un cuarto de siglo atrás: –“La culpa es de
los intermediarios”, “Ellos ponen el precio de lo que pagamos por lo que
compramos, y de lo que cobramos por los productos que vendemos”, “Sin las
ayudas (7.500 euros/año) habrá que
abandonar el campo” etc. — Porque las cosas, en veintitantos años, han
cambiado. Ha cambiado la demanda de alimentos de la ciudadanía de la Unión
y, por tanto, debe adaptarse la oferta de alimentos a la demanda de estos
tiempos.
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Los
que viven de la agricultura hoy, por
edad, deben ser los hijos de los que eran agricultores y ganaderos, cuando España se incorporó al Mercado Común en 1986; siendo inconcebible que en la actualidad, donde los teléfonos
móviles e internet han entrado en nuestras vidas, incluso hemos enviado el Curiosity a Marte, para que aporte datos de cómo es aquello, en una economía
global; estos profesionales de la subvención sigan basando la rentabilidad de
su profesión en las ayudas del pasado que reciben ellos y pagamos todos,
apoyados en la creencia que esas ayudas serán eternas.
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Los
que hicimos, de 1986 a 1993,
miles de kilómetros por España, para explicar las características y condiciones de la
pertenencia a la CEE , a los padres de
los agricultores de hoy, debimos hacerlo mal, porque los hijos de los
profesionales de entonces, confían la rentabilidad de sus explotaciones a las
ayudas provenientes de los presupuestos comunitarios, más que a los frutos de
proyectos de I+D+i enfocados a las
exigencias de los consumidores. --Al creerse que las ayudas que reciben de la PAC serán eternas— Dedicando más
esfuerzo a “cultivar subvenciones” que a estudios de mercado que adecúe la
oferta a las exigencias de la demanda.
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Los
políticos populistas deben tener coraje
para decirle a los agricultores, no lo que aquellos quieren oír, sino como es el escenario de la UE que exige que todos –los
agricultores también— adapten su realidad productiva, a las características que
requieren los consumidores, de forma similar a como lo han hecho el resto de
sectores productivos de la economía europea. En caso contrario, los políticos
aparecerán como parte del problema, cuando las ayudas se acaben, --porque se
acabarán, como se ha visto en la Cumbre
de la UE que se está celebrando en estos momento-- y los agricultores
comprueben que sus estructuras productivas están totalmente atrofiadas y por
tanto, moribundas.
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…He dicho!
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*Es Presidente del GEA & GEA
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