viernes, 13 de septiembre de 2013

Obstrucción a la verdad

*Por Ángel Rico
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Los ciudadanos estamos habituados a escuchar el término –“obstrucción a la Justicia”— que en el capítulo VII del Código Penal español, trata de aquellos actos que se utilizasen para dificultar llegar a la verdad en algún asunto judicial. Los acontecimientos políticos que nos está tocando vivir, ponen de manifiesto la necesidad que hay en España de un “Código de actuación política”, donde se tratase lo referido a la “obstrucción de la verdad” y las penas aplicables a quienes lo incumplieren.
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Los movimientos tras las manifestaciones en Cataluña pidiendo el incumplimiento de la Ley, ha servido para catalogar la capacidad política de algunos representantes de la casta. Por ejemplo, la Vicepresidenta Santamaría, dijo que: --el Ejecutivo tiene la obligación “de escuchar a todos los españoles”, tanto “a la gente que sale” como a las “mayorías silenciosas” que “se quedan en casa y tienen derecho a que se vele por sus libertades y opiniones”— (sic). Palabras que ponen al mismo nivel a los que están con la Ley y a quienes están contra la Ley.  A los que están con la Constitución y a quienes están en contra de la misma. ¿Se imagina usted, respetado lector,  que ante una manifestación de pederastas confesos donde se solicitase –licencia y derecho a decidir para poder  violar colectivamente  a niñas en colegios; o la reivindicación de pirómanos solicitando, el derecho a decidir,  poder provocar incendios forestales--, un político dijese: –el Ejecutivo tiene la obligación de escuchar a todos los protagonistas, a los violadores,  a los no violadores, a las potenciales víctimas de ser forzadas,  a los pirómanos y  a los propietarios de los bosques con riesgo de ser quemados?--. Obviamente no es imaginable semejante actitud, porque ante el riesgo de un incumplimiento del ordenamiento jurídico establecido, en lugar de “dialogar con los apologetas de la ilegalidad” se envía a la policía para que detenga a quienes pretenden violar la Ley y los derechos de los demás.
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Lo que parece de sentido común, en la vida ordinaría pasa a ser el menos común de los sentidos, en la actividad política. Un incumplimiento de la Ley, es un incumplimiento de la Ley. Y no hay leyes que puedan incumplirse. Las leyes se cumplen o se cambian; y para cambiarlas se utiliza el sistema legal establecido para ello. Una manifestación de pederastas, por numerosa que pudiera ser y por llamativas que fuesen sus camisolas, y extravagantes sus eslogan sobre “su derecho a decidir cuando y a quien violar” no convertirían en legal la violación; ni facilitarían la actividad de los incendiarios, por muy grandes que fuesen sus antorchas.
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La cobardía de los políticos actuales, que se difuminan tras la niebla de una estúpida y poco documentada retórica, debe ser cambiada. Ha pasado el tiempo de “interpretar la realidad política, y empezar a cambiar esa realidad y a los políticos”.
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La falta de valentía de la clase política, presuntamente, constitucionalista, con testimonios difusos forman parte del problema de la falta de sentido de Estado en el que nos encontramos. Si con su desafortunado comentario, la Vicepresidenta Santamaría, manifestó su falta de talla política, no es menos estúpida la frase del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, cuando dijo que: -- fue "un éxito de convocatoria, organización, logística y comunicación", que puso de manifiesto que en España está garantizada la libertad de expresión. Si bien ha remarcado que ahora es necesario diálogo institucional para "convencer a los catalanes de que fuera vivirían mucho peor"—(sic). Volviendo al ejemplo ilustrador de los pederastas y/o los pirómanos, García-Margallo, habría sido comprensivo con sus reivindicaciones del “derecho a decidir” de unos para violar, y de otros para incendiar, si los unos y los otros hubiesen tenido éxito de convocatoria y organización.
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Zapatero empezó con –“España es un concepto discutido y discutible—y Rajoy, continua con –el Ejecutivo tiene la obligación de escuchar a todos--. Incluso a aquellos que buscan incumplir la legalidad.  En el Gobierno de España, se supeditaron los principios de Estado, a la mejoría económica, y hoy nos encontramos sin principios y en la bancarrota, con una deuda pública del 92,2 por ciento del PIB, --942.758 millones de euros--. La actitud cotidiana del Gobierno se parece más a la de, Groucho Marx, --Estos son mis principios. Si no les gustan tengo otros--, que a lo indicado, al respecto, por Sigmund Freud, --Es necesario que haya uno o varios principios y aún, en caso de existir uno sólo, que éste sea inmóvil e inmutable--.
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La realidad siempre puede superar a la ficción. El actual Gobierno de España lo ha demostrado. Leon Tolstoi, escribió: --Es más fácil escribir diez volúmenes de principios filosóficos que poner en práctica uno solo de sus principios--, el PP de Rajoy, lo ha demostrado al no cumplir ninguna de las propuestas de su programa electoral, lo que es un insulto diario para todos aquellos que creyeron en sus propuestas y, comprueban con sonrojo, los circunloquios que se utilizan, desde el PP, para justificar lo injustificable.
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Con tanta perífrasis política se pretende obstruir la verdad, y que el respetable siga inmerso en su soporífica realidad; mientras los unos y los otros, se proponen como objetivo diario, mantener sus privilegios, donde tanto da estar en el partido que apoya al gobierno, o en el que se le opone, lo importante es que no lleguen otros con ideas, pensamientos y proyectos propios.
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…He dicho!.
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* Es Presidente del Instituto Hispano Luso

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