lunes, 25 de julio de 2016

Lo que la Constitución no prohíbe, al Rey, le está permitido

*Por Ángel Rico
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José Ortega y Gasset, dijo: --Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos--. Y esto viene a cuento en relación a la situación de “parálisis contagiosa” en los partidos políticos constitucionalistas que después de fijar sus posiciones políticas, a una distancia cercana (¡muy cercana!) de sus propias narices, es posible augurar que, el próximo diciembre (25D-16), estaremos repitiendo elecciones generales.
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Cuando en el PP con 137 diputados, arguyen que --“ellos han ganado las elecciones” y, por tanto, deben ser quienes gobiernen--, sin hacer ningún esfuerzo para que 39 diputados ajenos se sumen a un, hipotético e ilusionante, programa de gobierno de amplio espectro; limitándose a esperar que una alineación astral permita que la “investidura del Presidente del Gobierno” les caiga del cielo; cabría pensar que “alguien debería hacer algo” porque sin el apoyo mayoritario del Congreso no habrá gobierno.
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El siguiente partido constitucionalista, el PSOE, sigue; primero, sin realizar un ejercicio de autocrítica, respecto de los resultados obtenidos, a saber; --el resultado medio nacional en las cuatro últimas (2016-2015-2011 y 2008) elecciones generales, el PSOE obtuvo, 7.304.654 votos, frente a los 5.424.709 (y 85 diputados) del 26J-15, después de los 5.530.693 votos (y 90 diputados) el 20D-15--; es decir, los electores le han retirado su apoyo; y, segundo; que la Constitución (artículo 66) dice: --Las Cortes Generales representan el pueblo español y están formadas por el Congreso y el Senado—y la Ley Orgánica de Partidos Políticos señala: -- Preámbulo. Los partidos políticos son actores esenciales de la vida política, económica y social. Como cauce de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, son sujetos de derechos. Como partícipes en la estructura del propio Estado, han de ser y son, sujetos de obligaciones. Por ello, junto a la responsabilidad, debe ser la ejemplaridad la que presida las actuaciones de estos entes que sustentan la centralidad social de la democracia. Los partidos políticos, tal y como señala la Constitución Española, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política— (Sic)
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Es decir, los 85 (por ahora) diputados del PSOE no se representan a sí mismos, sino al pueblo español, con las responsabilidades que ese privilegio lleva aparejado, incluido, el de hacer que sea posible gobernar España, desde la oposición.
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Por lo anterior ¿debería entenderse que el PSOE debería dar su apoyo al PP a cambio de nada? Respuesta: --¡no!—A cambio de aplicar una serie de apartados de su propio programa electoral, que beneficiarían a los españoles, en general y, a sus votantes y seguidores, en particular.
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Ciudadanos, como tercer partido constitucionalista, en discordia, y demostrando una enorme bisoñez política, no ha sabido desempeñar el, importantísimo, papel de catalizador; que hiciera posible el entendimiento, entre dos partidos, situados a su diestra y siniestra, que han manifestado una, perjudicial, incompatibilidad. Y para justificarse en salud, Albert Rivera, en una entrevista periodística, dijo que: --trasladaría al monarca: “Que nos ayude a convencer al PSOE y al PP para que dejen de darse la espalda, y que convenza al señor Sánchez de que tendrá que abstenerse para que esto se ponga en marcha, porque si no iremos a unas terceras elecciones”—(Sic) Y, ha sido en esta cuestión donde han aparecido, diversos personajes políticos y periodísticos, afeando la solicitud (de ayuda) que Rivera pretende trasladar al Jefe del Estado.
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El (joven turco) y todavía ministro, José Manuel García Margallo (Mira “Rubia” lo que dice el Rivera este) dijo: --“Creo que esa no es la función del Rey”, “la Constitución prohíbe al Rey ‘Borbonear’”—Y es ahí, donde un servidor pretende debatir mediante el presente “Off the record”.
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Porque de las palabras del, mediocre, ministro de Exteriores (para asuntos de Cataluña) cabría deducir que: --Todo aquello que no esté, en la Constitución, explícitamente referido al Jefe del Estado, le estaría prohibido--, lo que no es el caso, porque la Constitución no establece que, en un viaje oficial a Puerto Rico, el Rey, en San Juan,  dijese: -- La Reina y yo sentimos una gran alegría por viajar nuevamente a los EEUU de América y por hacerlo poco después de haber visitado La Florida. Hoy estamos en Puerto Rico, donde también se manifiestan de una manera tan intensa y fructífera nuestra historia y cultura, así como nuestra colaboración en tantas áreas de interés común—(Sic) ¿Cómo que viajar a Puerto Rico es hacerlo a los EEUU de América? ¿Para qué está el Instituto Cervantes?
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Tampoco dice la Constitución que, el Jefe del Estado, deba viajar a Cataluña y las Vascongadas, (dos territorios donde sus gobiernos se quieren secesionar de España), más veces que al resto de comunidades autónomas. Y donde, la clase política de esos territorios, se siente agredida por la visita del Jefe del Estado. Desprecio que no solo va dirigido al Monarca, sino al resto de españoles que nos sentimos constitucionalistas.  Si se analiza con detenimiento la “agenda de Felipe VI” desde que es Jefe del Estado, puede observarse que, no ha habido evento grande, mediano o pequeño, público o privado, en Cataluña que no haya contado con la presencia del Jefe del Estado. Frente a otros eventos grandes-grandes en otras comunidades autónomas que, no tuvieron ese gran privilegio. ¿Por qué?
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Y, si por cuestiones de Estado, “hay que visitar territorios donde se le considera “persona non grata” –Breda, La Bisbal y Ripoll (Gerona); Areyns de Munt, Esparreguera, Premià de Mar, Sitges y Torelló (Barcelona); Cervera (Lérida)—Incluso, el ayuntamiento de Gerona, ha solicitado “cambiar el nombre de la Fundación Princesa de Gerona, al considerar que doña Leonor no representa a la ciudad”  / En Cervera (Lérida) se aprobó en junio de 2014 una moción que le pedía a la Princesa de Asturias que renunciara al título de condesa de Cervera—, acuerdos y mociones que, no tienen validez jurídica, pero que indican quienes somos, cada cual y en cada caso”—; por cuestión de Estado, “hay que actuar, como es el caso, para que la falta de talla política de los, actuales, líderes de los partidos constitucionalistas --(¡constitucionalistas! ¿El PSC, es constitucionalista?)-- alcancen, previas las conversaciones que sean precisas, un acuerdo de gobierno. Y donde se negocie, “programa, programa, programa”, el conjunto de ministros y, de entre ellos, el primero”.
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Ya lo decían los clásicos: --Empieza por hacer lo necesario, luego lo que te es posible y un día acabarás haciendo …lo imposible— Salvo mejor opinión, considero que el Jefe del Estado, mando supremo de las Fuerzas Armadas, símbolo de la unidad de España, árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, el más alto representante del Estado español (artículo 56 de la CE) debe hacer, algo más, que escuchar lo que le digan los representantes de los partidos políticos que han aceptado acudir a su convocatoria, soportando con estoicismo el “tuteo” de Podemos; el de “Ciudadano Borbón” de Izquierda Unida; el “no, no y no” de Sánchez; además del “a mí, plín, y que me lo den solucionadín” de Rajoy.
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Si la mezquindad de los protagonistas, impidiese configurar un gobierno, (de amplio espectro) mientras los autónomos (incluso los votantes y simpatizantes de los partidos mencionados) tienen que pagar la cuota mensual de autónomos, sin que les sea posible, a muchos, poder generar actividad por estar la “España real” paralizada por la insultante actitud de una “España oficial” que no se merece los salarios y estipendios que, a pesar de la parálisis oficial, unos y otros, siguen percibiendo, por estar (los otros y los unos) en funciones, estupendamente, remuneradas. En esta, impresentable, situación salvo a los ciudadanos que son quienes pagan los gastos --al gobierno (en funciones), a los políticos (en funciones) y la banca (en funciones) les va bien— y para cumplir compromisos de Estado vinculantes, (como la disminución de CO2, y la descarbonización de la economía, etc) se está realizando una política “gatopardiana” donde parece que algo se hace para que, en realidad, todo siga igual.
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Si a pesar de lo anterior, los líderes políticos siguiesen sin pensar en España, el Jefe del Estado deberá impedir que la situación, de estupidez política, se prorrogue más de lo que recoge el artículo 99.5 de la CE: --Si transcurrido el plazo de dos (2) meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo de la Presidenta del Congreso—(Sic) Para que el tiempo empiece a contar, hacia nuevas elecciones, el Rey debería proponer, pongamos por caso, al “Cabo Furriel de la Guardia Real” (a quien no tengo el gusto de conocer) para que su, hipotética, investidura sea rechazada y a tras los dos meses, se convoquen nuevas elecciones generales y a las que, por vergüenza torera, no se presentasen ninguno de los líderes políticos.
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Con algún otro, audaz, movimiento el Jefe del Estado, estaría quitándole la razón a, Marcel Proust: --A veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas— Porque, los contribuyentes, por muy mal que lo hayamos hecho, no nos merecemos está situación tan insultante, por parte de la “España oficial”.
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…He dicho!
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*Es Presidente del Instituto Hispano Luso

1 comentario:

  1. Felipe VI no sueña con Alcalá-Zamora


    http://www.elespanol.com/opinion/20160731/144355566_12.html

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