domingo, 11 de marzo de 2012

Cuando la política carece de ética

*Por Ángel Rico
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Le confesaré a usted, respetado lector, que durante mi participación en los Comités Consultivos en Bruselas del, entonces, Mercado Común, (1982-1986-1993) me sorprendió comprobar como, tras las negociaciones de cualquier asunto, un caballo se acababa pareciendo más a un dromedario que a ese bello mamífero del orden de los Perisodáctilos; ó, como se llegaba al acuerdo de que: --cuatro más cuatro, sumaban seis, tras la consiguiente negociación previa de los burócratas comunitarios.
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Si extrapolamos lo que ocurre con la política internacional cuando esta actúa en la ONU, nos sorprenderá comprobar como el crimen contra la Humanidad “B” que es totalmente parecido al crimen contra la Humanidad “A” tiene diferente consideración y trato, gracias a lo acordado por el antidemocrático Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que unos muertos deberán provocar, a la sociedad, diferente repulsa que los otros muertos.
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Ó, como ahora se llega al acuerdo político de que: --El Banco Central Europeo le preste a los bancos privados más de medio billón de euros al 1%, para que estos (los bancos) compren, con ese dinero, deuda soberana de los países al 4%, cuando lo más razonable y más barato, para nosotros El Pueblo, hubiese sido que directamente el BCE fuese quien comprase la deuda de los países al 1%, siendo lo más justo, lo más sensato y lo más barato para los ciudadanos.
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Algo similar está ocurriendo con Grecia, de la que los burócratas comunitarios nos dicen que: --tenemos que estar contentos porque se ha llegado al acuerdo--. Un acuerdo que consiste que los bancos que le prestaron dinero a los griegos aceptan una quita “voluntaria” del 90%. Es decir, que como los griegos han engañado reiteradamente a todo el mundo, y ahora dicen que solo pueden pagar 10 de cada 100 euros recibidos, en concepto de préstamos, la cosa va bien porque lo hemos aceptado y hay acuerdo. Cuando en cualquier otra situación, a esa realidad de bancarrota se la habría denominado no “acuerdo” sino “quiebra del Estado griego”. Pero a los políticos no les conviene que a las cosas se las llame como corresponde, para que la farsa de la política comunitaria continúe, en beneficio de unas cuantas empresas privadas (y por derivación algunos políticos) que se enriquecen a costa del dinero de los ciudadanos de la Unión Europea.
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Similar incoherencia está ocurriendo con la política energética de la Unión Europea, donde tanto desde el Parlamento, como desde la Comisión, que vergonzosamente, y bajo la atenta mirada de los intereses petroleros, aceptan no ver los flagrantes incumplimientos de los Reglamentos y Directivas, aprobadas por los propios altos estamentos comunitarios.
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Cuando un Estado, por ejemplo España, en realidad no está cumpliendo: “La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, que establecen unos objetivos vinculantes para la cuota global de energía procedente de fuentes renovables para 2020, con unos objetivos asignados, que para España son 20% de energía procedente de fuentes renovables en su conjunto, en términos de consumo final bruto de energía, y el 10% de energía procedente de fuentes renovables en el sector del transporte para 2020” sencillamente no hacen nada. ¡Hoy por ti, mañana por mí! es la máxima que mueve a los malos políticos. Recordándonos lo que dijo Max Weber: “--Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo poder”.
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En la política nacional también existen ejemplos de la utilización trapacera del lenguaje de la ética política para no enfrentarse a los hechos, por ejemplo, cuando un tribunal le enmienda la plana al Tribunal Supremo, en relación a la imposibilidad, de hecho, de que se pueda estudiar en español en un territorio de España, el ministro de Educación, Cultura y Deporte dijo: --El Gobierno acatará la sentencia del TSJC "guste o no guste". Pero ¿Cómo puede ser esa la respuesta del ministro de Educación? Lo razonable es que hubiese manifestado que esa sentencia va contra lo reflejado en la Constitución Española: Artículo 3.1. “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Y, además, contra varias sentencias del Tribunal Supremo y, por tanto, el Gobierno recurrirá esa sentencia ante el Tribunal Supremo.
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Así es la ética política que gobierna nuestras vidas, donde se echa en falta la figura de un indiscutible líder internacional, al que los países dirijan su mirada en la espera de que los acuerdos políticos internacionales estén movidos por la ética, más que por los inconfesables intereses corporativos. Y en España, también es necesario que surja ese político capaz de separar la economía de la moral, para dejar de vivir bajo el síndrome “nacional separatista” que todo lo enreda, que todo lo ensucia.
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En realidad, como dijo Alejandro Dumas: “Todo el mundo está descontento, todo el mundo se queja; mas quien dice todo el mundo, dice nadie” y eso los políticos lo saben, y actúan en consecuencia.
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…He dicho!
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*Es Presidente del Instituto Hispano Luso

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