*Por Ángel Rico
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Tradicionalmente se utiliza la rimbombante terminología “Cuestión de Estado” cuando el gobierno de un país, por acción o por omisión, hace (o deja de hacer) cosas que no son entendidas por los ciudadanos sobre los que gobierna. Normalmente, en esas ocasiones, se trata de asuntos que podrían haberse resuelto de otra manera más entendible. Pero la incompetencia gubernamental, el pago de favores políticos o cuestiones similares, les obliga a recurrir a la “Cuestión de Estado” en lugar de poner en práctica la “discreta política resolutiva” que hacen los buenos gobiernos sin apartarse de la Ley ni del sentido común.
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Yo soy de la opinión que en Democracia, recurrir a lo que supone esa ostentosa terminología, en lugar de a la Ley, es un error en el mayor número de ocasiones que se pone en práctica.
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Cerrar, por ejemplo, acuerdos comerciales, por “Cuestión de Estado” con países no democláticos (peldón), es la forma que tienen los gobiernos mediocres de perder la fuerza moral para en futuras ocasiones, predicar la aplicación de los Derechos del Hombre, o filosofías similares. Pero, al menos, pueden justificarlo por cuestiones económicas.
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Dicho lo anterior, lo que nunca es entendible es la dejación de funciones en la política interior por “Cuestión de Estado”. Verbigracia, me explico; Si el actual gobierno, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en general y, del CNI, en particular, es conocedor del lugar donde se esconde el etarra Josu Ternera, debe detenerlo ipso facto y ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional, que mantiene en vigor una orden de busca y captura. No debiendo ser necesario que los tribunales vuelvan a solicitar la detención del etarra. Por lo que, a mi juicio, las palabras de la Vicepresidenta del Gobierno y responsable directa del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría: "--Si el Gobierno recibe una petición judicial de información se la facilitaremos" me parecen desafortunadas, porque dan a entender que el gobierno es conocedor del paradero del etarra y por “cuestiones de Estado” (incomprensibles para el común de los mortales) no ejecutan la orden de capturar y ponerlo a disposición de los tribunales. A este y a cualquier otro etarra de los que se tenga conocimiento del paradero. La carta abierta de Rosa Alcaraz, a la Vicepresidenta del Gobierno, es descarnadamente real y debe ser suficientemente motivadora para que se actúe en consecuencia.
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El Estado no debe hacer nada que avergüence, a los miembros del Consejo de Ministros que toman los acuerdos, ni a los contribuyentes que hacemos posible la financiación del Estado. Por tanto no es aceptable, --por cuestiones de Estado--, “los indultos a condenados por malversación de fondos públicos” (ni aunque los indultados sean miembros de Unió Democrática de Catalunya), ni “permitir incumplimientos de la Ley en territorios dominados por partidos nacional separatistas”, ni “ir cediendo terreno a las aspiraciones de los terroristas que matan, ó del equipo de dirección política de los terroristas” para pasar de la “guerra sucia” a la inadmisible “paz sucia”.
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Me niego a creer en la opinión de Voltaire: “—Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado”. Quiero seguir creyendo que el gobierno de mi país cuando se equivoca, rectifica y, por tanto, no permitirá que las hipotéticas “Cuestiones de Estado” le obliguen a tratar de hacernos tragar ruedas de molino, en lo referido a: --las egoístas exigencias de gobiernos autonómicos; --ni intereses económicos que impidan el desarrollo de los potenciales nacionales (energía); --permitiendo que siga sin esclarecerse, realmente, el mayor atentado terrorista de la Europa Occidental (11M); --permitir que los sindicatos y la patronal tengan más atribuciones que las que realmente le corresponde por el número de afiliados; --tampoco es admisible que los ríos españoles viertan millones de hectómetros cúbicos de agua dulce al mar, cuando hay zonas amenazadas por sequía; --ni dejación en la reivindicación de nuestros derechos en política exterior, como lo relacionado con Gibraltar, el Sahara Occidental ó Hispanoamérica.
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“El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley” (Aristóteles), --independientemente del lugar de residencia de los ciudadanos; --de la aristocracia de las esposas de los socios de empresas beneficiadas por administraciones amigas; --de la “Casa” donde se viva y se reciban los fondos de la Hacienda Pública para su funcionamiento; ó --del sexo de los ciudadanos afectados por la Ley. Apellidar como “positiva” la discriminación, es un subterfugio para acabar aceptando que la Ley no sea igual para todos.
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Las sociedades avanzadas necesitan del buen gobierno para mejorar, teniendo claro que: “--Gobernar es pactar; pactar no es ceder” (Gustave le Bon)
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…He dicho!
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*Es Presidente del Instituto Hispano Luso
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Tradicionalmente se utiliza la rimbombante terminología “Cuestión de Estado” cuando el gobierno de un país, por acción o por omisión, hace (o deja de hacer) cosas que no son entendidas por los ciudadanos sobre los que gobierna. Normalmente, en esas ocasiones, se trata de asuntos que podrían haberse resuelto de otra manera más entendible. Pero la incompetencia gubernamental, el pago de favores políticos o cuestiones similares, les obliga a recurrir a la “Cuestión de Estado” en lugar de poner en práctica la “discreta política resolutiva” que hacen los buenos gobiernos sin apartarse de la Ley ni del sentido común.
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Yo soy de la opinión que en Democracia, recurrir a lo que supone esa ostentosa terminología, en lugar de a la Ley, es un error en el mayor número de ocasiones que se pone en práctica.
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Cerrar, por ejemplo, acuerdos comerciales, por “Cuestión de Estado” con países no democláticos (peldón), es la forma que tienen los gobiernos mediocres de perder la fuerza moral para en futuras ocasiones, predicar la aplicación de los Derechos del Hombre, o filosofías similares. Pero, al menos, pueden justificarlo por cuestiones económicas.
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Dicho lo anterior, lo que nunca es entendible es la dejación de funciones en la política interior por “Cuestión de Estado”. Verbigracia, me explico; Si el actual gobierno, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en general y, del CNI, en particular, es conocedor del lugar donde se esconde el etarra Josu Ternera, debe detenerlo ipso facto y ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional, que mantiene en vigor una orden de busca y captura. No debiendo ser necesario que los tribunales vuelvan a solicitar la detención del etarra. Por lo que, a mi juicio, las palabras de la Vicepresidenta del Gobierno y responsable directa del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría: "--Si el Gobierno recibe una petición judicial de información se la facilitaremos" me parecen desafortunadas, porque dan a entender que el gobierno es conocedor del paradero del etarra y por “cuestiones de Estado” (incomprensibles para el común de los mortales) no ejecutan la orden de capturar y ponerlo a disposición de los tribunales. A este y a cualquier otro etarra de los que se tenga conocimiento del paradero. La carta abierta de Rosa Alcaraz, a la Vicepresidenta del Gobierno, es descarnadamente real y debe ser suficientemente motivadora para que se actúe en consecuencia.
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El Estado no debe hacer nada que avergüence, a los miembros del Consejo de Ministros que toman los acuerdos, ni a los contribuyentes que hacemos posible la financiación del Estado. Por tanto no es aceptable, --por cuestiones de Estado--, “los indultos a condenados por malversación de fondos públicos” (ni aunque los indultados sean miembros de Unió Democrática de Catalunya), ni “permitir incumplimientos de la Ley en territorios dominados por partidos nacional separatistas”, ni “ir cediendo terreno a las aspiraciones de los terroristas que matan, ó del equipo de dirección política de los terroristas” para pasar de la “guerra sucia” a la inadmisible “paz sucia”.
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Me niego a creer en la opinión de Voltaire: “—Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado”. Quiero seguir creyendo que el gobierno de mi país cuando se equivoca, rectifica y, por tanto, no permitirá que las hipotéticas “Cuestiones de Estado” le obliguen a tratar de hacernos tragar ruedas de molino, en lo referido a: --las egoístas exigencias de gobiernos autonómicos; --ni intereses económicos que impidan el desarrollo de los potenciales nacionales (energía); --permitiendo que siga sin esclarecerse, realmente, el mayor atentado terrorista de la Europa Occidental (11M); --permitir que los sindicatos y la patronal tengan más atribuciones que las que realmente le corresponde por el número de afiliados; --tampoco es admisible que los ríos españoles viertan millones de hectómetros cúbicos de agua dulce al mar, cuando hay zonas amenazadas por sequía; --ni dejación en la reivindicación de nuestros derechos en política exterior, como lo relacionado con Gibraltar, el Sahara Occidental ó Hispanoamérica.
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“El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley” (Aristóteles), --independientemente del lugar de residencia de los ciudadanos; --de la aristocracia de las esposas de los socios de empresas beneficiadas por administraciones amigas; --de la “Casa” donde se viva y se reciban los fondos de la Hacienda Pública para su funcionamiento; ó --del sexo de los ciudadanos afectados por la Ley. Apellidar como “positiva” la discriminación, es un subterfugio para acabar aceptando que la Ley no sea igual para todos.
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Las sociedades avanzadas necesitan del buen gobierno para mejorar, teniendo claro que: “--Gobernar es pactar; pactar no es ceder” (Gustave le Bon)
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…He dicho!
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*Es Presidente del Instituto Hispano Luso
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