*Por Ángel Rico
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La
ciudadanía se pregunta: --¿Qué soberanía tiene un Estado que permite, de facto, que una parte del Estado ridiculice a la totalidad del
propio Estado?-- Se podrá replicar que, en el caso de Cataluña, son los políticos quienes
están permitiendo que sea así una realidad que deja perplejos a los ciudadanos
de bien. Y tendrá razón dicha réplica; pero no porque sean los políticos
quienes ridiculicen al Estado, es
menos insultante la situación donde el Estado
no es respetado por una parte de sí mismo.
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El
colapso moral que, con esta situación, España
presenta al mundo civilizado, es sonrojante, cuando el Estado de Derecho acaba
siendo, de hecho, inexistente porque el Estado,
en Cataluña, incumple las sentencias
de los tribunales y la propia Constitución,
que sirvió para dar estatus jurídico al gobierno autonómico y al representante
del Estado en ese territorio. Esa
dinámica de gobernar es delictiva, en cualquier otra parte de Occidente, y discriminatoria,
al demostrar que, en España, todos no somos iguales ante la Ley. Resultando peligroso que, debido a la
costumbre, del incumplimiento de la
Ley , nos hayamos
vuelto insensibles, dentro del imperio de “Nadie”
que es lo que realmente representa la forma de administración política conocida
con el nombre de burocracia de las autonomías. Si el Gobierno de España, empieza por admitir esos
delitos ¿qué será lo siguiente que admitirá?
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Esa
forma de actuar políticamente, es merecedora de un castigo por parte del Estado de Derecho, porque el castigo es
necesario “para defender el honor y la autoridad de aquellos (los españoles) a
quiénes el delito ha lesionado, y para que la ausencia de castigo no nos
degrade mayormente”. Es propio de la historia de la naturaleza humana que todo
acto ilícito ejecutado una vez y –permitido por el Estado— será una posibilidad que se volverá a repetir en otros
territorios. Por ello la reacción de castigo del Estado debe estar dotada del suficiente poder de ejemplaridad para
impedir que, por ejemplo, el delito de sedición, vuelva a ser cometido por
otros.
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Es
obligado recordar el artículo 14, de
la Constitución : --Los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social--. Junto con los artículos 20.1:-- Libertad de
Expresión, donde se reconocen y protegen los derechos, a expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier
otro medio de reproducción. Incluyendo, la rotulación en español de
establecimientos comerciales. Si algún derecho hay que una sociedad democrática
aprecie por encima de todos los demás es la libertad de expresión. La función
de la expresión es librar a los hombres de la esclavitud de los temores
irracionales, que se sienten en Cataluña.
138.2: -- Las diferencias entre los
Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún
caso, privilegios económicos o sociales—y el 139.1: --Todos los españoles tienen los mismos derechos y
obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado--. Pero cuando es el Gobierno
de España quien, por negligencia, permite una insultante desigualdad ¿qué
procede hacer?
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¿Dónde
quedó aquello de: “Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución
y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la
Ley como expresión
de la voluntad popular”? Si hay algo
claro en el concepto constitucional del Pueblo,
es que ningún gobernante o funcionario, alto o modesto, puede dictar lo que
debe ser la ortodoxia ante la Ley.
NoLa Constitución
y las leyes necesitan que alguien las haga cumplir, alguien que diga: esto es
un comportamiento inaceptable ya sea respecto de un ciudadano civil, o de un
representante del Estado. Ni la democracia
ni los derechos del Pueblo pueden
sobrevivir sin el profundo apego de toda la población a unos principios
básicos, respecto de la propia Constitución,
las leyes y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales de justicia. El
hecho es que a veces debemos tomar decisiones que no nos agradan, las tomamos
porque son correctas en el sentido de que la Ley y la Constitución ,
tal como las concebimos, imponen ese resultado. Y es tan grande nuestro
compromiso con el proceso que, no nos detenemos a expresar nuestro disgusto por
el resultado, tal vez por temor de socavar el preciado principio que dicta esa
decisión. En general, el Pueblo español se está comportando
magníficamente; solo sus representantes están fallando.
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Toda
la demás retórica política carece de importancia, si se incumplen los
principios que dan soporte a una sociedad democrática, dentro de un Estado de Derecho. Los partidos
mayoritarios, deben ser conscientes que, como dijo Einstein: --“Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre
los demás; es la única manera”--. Estamos en el momento donde para el Pueblo –no habrá cosa más triste que un
buen consejo acompañado por un mal ejemplo--; aquellos casos donde en los
programas electorales de los partidos políticos se defiende un principio, y a
la hora de la verdad se está contra ese principio, muestran que para los
políticos actuales, la política es como el juego del “Monopoly” es decir, --un juego de cómo mantenerse en el sillón,
dando igual el gobierno que la oposición--. Cuando se empieza por permitir, de
facto, que se incumplan las leyes en una parte de la Nación ;
y “erre que ere” se sufre miopía política ante lo que han birlado de las arcas
públicas el partido y el sindicato hermano, en otra parte del territorio,
cabría aplicarse aquello que dijo, Abraham
Lincoln: --“Hay momentos en la vida de todo político, en que lo mejor que
puede hacer es no despegar los labios”--, llámese el político, Mariano, Pedro, Arturo, Susana o María Dolores.
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…He dicho!
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*Es Presidente del Instituto Hispano
Luso
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