*Por Ángel Rico
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En las situaciones difíciles es cuando, realmente, puede
observarse la catadura moral de las personas (y de las instituciones) y es
cuando puede evaluarse, si lo que criamos eran o no cuervos.
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Esto viene a colación por la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
celebrado el pasado jueves, y por el protagonismo que tuvieron las comunidades
autónomas, en general y Cataluña, en
particular. Los objetivos de dicho Consejo están reflejados en la
Ley Orgánica , 3/2009 de Financiación de las Comunidades
Autónomas, donde en el preámbulo hace referencia a la, hipotética, --lealtad institucional,
que determinará el impacto, positivo o negativo, que puedan suponer las
actuaciones legislativas del Estado
y de las Comunidades Autónomas en materia tributaria o la adopción de medidas
que eventualmente puedan hacer recaer sobre las Comunidades Autónomas o sobre
el Estado obligaciones de gasto no
previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente—(sic)
.
La experiencia
de los últimos tiempos ha puesto de manifiesto que las comunidades autónomas no
se han caracterizado por demostrar una verdadera lealtad institucional al Estado, actuando como unos pozos sin fondo,
que nunca llegan a saciarse, y cuyo resultado de –bancarrota general— tenemos
delante y, corresponderá a los ciudadanos sufrir los sacrificios para mantener
vivo el hambriento sistema. Donde las comunidades nacional separatistas son las
que más han esquilmado al Estado, y
las que menos están dispuestas a ayudar a salir de la crisis, como ha
demostrado, con sus declaraciones, el Consejero
de Economía y Conocimiento de Cataluña, Andreu
Mas-Colell, --que ha pedido al Gobierno español que
no juegue con la posibilidad de intervenir a Cataluña, y ha anunciado
que en caso de que finalmente lo hiciese, la Generalitat
pedirá la "interlocución y responsabilidad directa de Bruselas".
"Prefiero tener que discutir con técnicos de Bruselas que de Madrid,
porque tienen una visión más global de la situación y no los instintos
centralistas que encuentras a menudo en quienes provienen del Gobierno
central"--. (sic)
.
Pretender
resolver la situación actual de España,
con la participación voluntaria de quiénes no se consideran españoles, es una
peligrosa pérdida de tiempo. Son inadmisibles, por ejemplo, aquellas
declaraciones de responsables institucionales que se jactan de “no cumplir las
sentencias de los tribunales” (como en Cataluña
en relación a la enseñanza a los escolares en español), por tanto, y para
evitar la repetición de declaraciones tan insultantes para el común de los
ciudadanos, es imperativo que se desempolve el Artículo 155 de la
Constitución que dice:
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--1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras
leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general
de España, el Gobierno, previo
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser
atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las
medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas y que deberán ser objeto de valoración
quinquenal en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como de gastos,
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, y
en su caso compensación, mediante modificación del Sistema de Financiación para
el siguiente quinquenio»--.
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En España la Ley
debe ser igual para todos, para los chulos ¡también!,
Independientemente del idioma que hablen en la intimidad. Porque España no es un país discutido y
discutible.
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La realidad debe hacer que aparezca el sentido común, y
que de los Presupuestos Generales del
Estado, dejen de alimentarse los partidos políticos, los sindicatos y las
organizaciones empresariales. Quién, voluntariamente, quiera pertenecer a estas
instituciones, que las paguen de su bolsillo, como ocurre en otros países
avanzados, sin tener que estar condenados los contribuyentes a financiar los
vicios de la clase dirigente de estas privilegiadas instituciones del régimen.
Los responsables políticos regionales, que mantienen deudas sin pagar, por
proyectos aprobados por los gobiernos autónomos, cuya aprobación apareció
publicada en el Diario Oficial, antes de pagar los vicios de sindicatos,
partidos y patronal, deben pagar las deudas derivadas de un favoritismo
inadmisible. Un líder sindical, o de la patronal, con fondos públicos, no debe
tener un salario superior al de un médico de la Seguridad Social , o de un
agente de la Guardia Civil o Policía Nacional.
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Gobernar con favoritismos, no es una ejemplar forma de
gobernar. Los privilegios deben desaparecer, ya sean para los mineros del (contaminante
y caro) carbón, como para los subsectores agrarios que no adaptan la producción
al consumo. Porque de no ejemplarizar con la política, otros sectores, como el
Transporte de mercancías por carretera, tendrán toda la fuerza moral para
hacerse visibles, solicitando al gobierno, un trozo de la tarta que, de una
forma tan dadivosa reparte, y que los contribuyentes somos los encargados de
pagar en todos los casos. Una ayuda que se concede injustamente, no deja de ser
injusta, porque los beneficiados sean
los mineros, los agricultores o los caducos sindicatos del régimen. La Historia
y el refranero nos lo recuerda: --Cría cuervos, que te sacarán los ojos--.
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…He dicho!
.
*Es Presidente del
GEA
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