sábado, 14 de julio de 2012

Las injusticias, los cuervos y nuestros ojos


*Por Ángel Rico
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En las situaciones difíciles es cuando, realmente, puede observarse la catadura moral de las personas (y de las instituciones) y es cuando puede evaluarse, si lo que criamos eran o no cuervos.
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Esto viene a colación por la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado jueves, y por el protagonismo que tuvieron las comunidades autónomas, en general y Cataluña, en particular. Los objetivos de dicho Consejo están reflejados en la Ley Orgánica, 3/2009 de Financiación de las Comunidades Autónomas, donde en el preámbulo hace referencia a la, hipotética, --lealtad institucional, que determinará el impacto, positivo o negativo, que puedan suponer las actuaciones legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia tributaria o la adopción de medidas que eventualmente puedan hacer recaer sobre las Comunidades Autónomas o sobre el Estado obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente—(sic)
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La experiencia de los últimos tiempos ha puesto de manifiesto que las comunidades autónomas no se han caracterizado por demostrar una verdadera lealtad institucional al Estado, actuando como unos pozos sin fondo, que nunca llegan a saciarse, y cuyo resultado de –bancarrota general— tenemos delante y, corresponderá a los ciudadanos sufrir los sacrificios para mantener vivo el hambriento sistema. Donde las comunidades nacional separatistas son las que más han esquilmado al Estado, y las que menos están dispuestas a ayudar a salir de la crisis, como ha demostrado, con sus declaraciones, el Consejero de Economía y Conocimiento de Cataluña,  Andreu Mas-Colell, --que ha pedido al Gobierno español que no juegue con la posibilidad de intervenir a Cataluña, y ha anunciado que en caso de que finalmente lo hiciese, la Generalitat pedirá la "interlocución y responsabilidad directa de Bruselas". "Prefiero tener que discutir con técnicos de Bruselas que de Madrid, porque tienen una visión más global de la situación y no los instintos centralistas que encuentras a menudo en quienes provienen del Gobierno central"--. (sic)
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Pretender resolver la situación actual de España, con la participación voluntaria de quiénes no se consideran españoles, es una peligrosa pérdida de tiempo. Son inadmisibles, por ejemplo, aquellas declaraciones de responsables institucionales que se jactan de “no cumplir las sentencias de los tribunales” (como en Cataluña en relación a la enseñanza a los escolares en español), por tanto, y para evitar la repetición de declaraciones tan insultantes para el común de los ciudadanos, es imperativo que se desempolve el Artículo 155 de la Constitución que dice:
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--1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas  y que deberán ser objeto de valoración quinquenal en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como de gastos, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, y en su caso compensación, mediante modificación del Sistema de Financiación para el siguiente quinquenio»--.
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En España la Ley debe ser igual para todos, para los chulos ¡también!, Independientemente del idioma que hablen en la intimidad. Porque España no es un país discutido y discutible.
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La realidad debe hacer que aparezca el sentido común, y que de los Presupuestos Generales del Estado, dejen de alimentarse los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Quién, voluntariamente, quiera pertenecer a estas instituciones, que las paguen de su bolsillo, como ocurre en otros países avanzados, sin tener que estar condenados los contribuyentes a financiar los vicios de la clase dirigente de estas privilegiadas instituciones del régimen. Los responsables políticos regionales, que mantienen deudas sin pagar, por proyectos aprobados por los gobiernos autónomos, cuya aprobación apareció publicada en el Diario Oficial, antes de pagar los vicios de sindicatos, partidos y patronal, deben pagar las deudas derivadas de un favoritismo inadmisible. Un líder sindical, o de la patronal, con fondos públicos, no debe tener un salario superior al de un médico de la Seguridad Social, o de un agente de la Guardia Civil o Policía Nacional.
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Gobernar con favoritismos, no es una ejemplar forma de gobernar. Los privilegios deben desaparecer, ya sean para los mineros del (contaminante y caro) carbón, como para los subsectores agrarios que no adaptan la producción al consumo. Porque de no ejemplarizar con la política, otros sectores, como el Transporte de mercancías por carretera, tendrán toda la fuerza moral para hacerse visibles, solicitando al gobierno, un trozo de la tarta que, de una forma tan dadivosa reparte, y que los contribuyentes somos los encargados de pagar en todos los casos. Una ayuda que se concede injustamente, no deja de ser injusta,  porque los beneficiados sean los mineros, los agricultores o los caducos sindicatos del régimen.  La Historia y el refranero nos lo recuerda: --Cría cuervos, que te sacarán los ojos--.
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…He dicho!
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*Es Presidente del GEA

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