Poder e imaginación

*Por Ángel Rico

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¿Se imagina usted respetado lector? Que apareciese, tras un consejo de ministros, en vivo y en directo el, todavía, Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  para informar que:

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Considerando que el mayor problema que atraviesa la sociedad española es la creación de empleo y que el artículo 7 de la Constitución Española dice: --Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos--. Se convocará a los representantes de los trabajadores, de los empresarios y partidos políticos con representación en los parlamentos españoles, a culminar un “Pacto de La Moncloa para el  Siglo XXI”.

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Para ello, y con el fin de que las propuestas que se aporten para el acuerdo sean lo más próximas a la opinión real de los trabajadores, de los desempleados, de los empresarios, de los autónomos, y de los ciudadanos en general, las asociaciones representativas de estos colectivos, a partir de este momento --se financiaran con las cuotas de sus asociados y simpatizantes--,  no recibiendo para su funcionamiento más ayudas de los Presupuestos Generales del Estado. Lo mismo ocurrirá con los partidos políticos.

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La cantidad de dinero que, por estos conceptos, se ahorre el Estado se dedicará, en su totalidad, a ayudar a aquellos desempleados de larga duración, con hijos a su cargo y con riesgo de exclusión social.

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Los desempleados que necesiten de una formación adicional para tener posibilidades de ser empleados, dispondrán de “un cheque nominativo personal de formación” para que puedan pagar su formación, en las entidades formativas que consideren oportuno, sean o no, sindicales o empresariales.

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Teniendo presente, la desconfianza de la ciudadanía en la Justicia en general, y con el fin de retomar lo que, al respecto, dice la Constitución Española en el artículo 118. --Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto--, el Gobierno de España no se reunirá con ninguna administración,  “ayuntamiento, diputación o comunidad autónoma” que tenga pendiente el cumplimiento de alguna sentencia de los tribunales. No aportándoles, por tanto, fondos de ningún tipo  hasta el pleno cumplimiento de los dictámenes judiciales.

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Mientras permanezca esta situación excepcional, aquellos particulares o entidades privadas, que necesitasen de ayudas referidas a atención social, médica o educativa, lo solicitarán a través de la Delegación del Gobierno en esa comunicad autónoma. Una vez normalizada la colaboración institucional, y --retomada la lealtad y el compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución como norma fundamental del Estado--, se aportará la cantidad –excepcionalmente embargada—restándole las cantidades adelantadas  por los conceptos indicados.

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Para evitar el desconcierto social,  provocado por  personas que defienden actitudes políticas separatistas, al mismo tiempo, que presiden comisiones del Congreso y/o Senado, se ha instado a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, para que haga llegar a los grupos parlamentarios la necesidad de que, por lógica institucional, se acuerde nombrar en las comisiones que proceda a personas que defiendan el Estado de Derecho y los intereses de España.

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Mientras se llega al acuerdo mayoritario de “Reformar la Constitución” y con el fin de aplicar recortes en la Estructura del Estado, los gobiernos regionales gobernados por el PP, instarán el proceso para recortar, en un tercio, el número de parlamentarios regionales. En el mismo sentido, se iniciará una fusión de  ayuntamientos menores de 2500 habitantes  que se encuentren a una distancia inferior a veinte kilómetros.

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En relación con la “política exterior” el Gobierno de España encargará, a una comisión independiente de expertos en Historia y Derecho, de universidades españolas, británicas y estadounidenses, un informe  diplomático legal, adaptado al lenguaje actual, sobre --lo establecido en el Tratado de Utrecht, en relación a Gibraltar--. Instando al Reino Unido y a España a asumir y aplicar lo dictaminado por el informe de expertos.

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Si tal hipótesis política fuese real, y parafraseando a Alfred Hitchcock, cuando dijo: --“Hay algo más importante que la lógica: es la imaginación”— los españoles ese fin de semana, tendríamos el mismo poco dinero pero --¡joder!-- dormiríamos estupendamente, porque pensaríamos: --es posible que no todo esté perdido--.

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…He dicho!

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*Es, Presidente del Instituto Hispano Luso