*Por Ángel Rico
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Le
confesaré a usted, respetado lector, que una de las etapas más apasionantes de
mi vida fue la que transcurrió en Bruselas;
diez años como miembro de uno de los comités consultivos del departamento de Agricultura de la Comisión Europea. Allí
aprendí que --“un camello es un caballo diseñado por uno de aquellos
comités”--, es decir, aprendí que: --los mismos que legislan sobre un asunto,
son los encargados de entorpecer, con argucias burocráticas, la aplicación de
lo legislado--.
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En
la actualidad tenemos distintas Directivas,
que como es sabido, son disposiciones normativas de Derecho Comunitario, en el cual se establece un objetivo que todos
los países de la UE deben cumplir,
aunque cada país debe decidir cómo aplicarla en su territorio. Y como ejemplo
tenemos, entre otras, la “Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del
uso de energía procedente de fuentes renovables”, y la “Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de
daños medioambientales”, en ambos casos los estados tienen la obligación de
cumplir lo que dictan esas leyes, pero por cuestiones que apestan a corrupción,
los objetivos de esas leyes no se cumplen.
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Cuando
se publicaron las primeras disposiciones comunitarias (2001 y 2003) en materia de biocombustible en el transporte, en España se prodigaron la construcción de
fábricas de biodiésel. Se construyeron cuarenta, y los contribuyentes
aportaron, a fondo perdido, mil millones de euros para su construcción. El 80% de esas fábricas están cerradas y, la mayoría de las
cerradas nunca funcionaron. Pero los mil millones de los contribuyentes se
perdieron para siempre.
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Es
un hecho conocido que la energía es un bien muy caro en España, como es sabido que hay alternativas nacionales, al
contaminante y caro gasóleo. Como también es notorio que en España, el 85% de todas las mercancías
se mueven por carretera; luego sería lógico pensar que: --desde el Estado se pondrían todos los
instrumentos a favor de disponer de energía nacional, barata y renovable--,
pues no. Y, lo más escalofriante, es que al sistema le importa muy poco la
existencia de 6,2 millones de desempleados, porque si le importase algo no
pondrían tantas trabas al cumplimiento de la propia legislación que obliga al Estado.
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Cualquier
excusa es suficiente para, dificultar la aplicación de lo legislado. Por
ejemplo, la Directiva 2009/28/CE, obliga a que en el 2020 el
transporte utilice el diez por ciento de su energía con biocombustibles. Hablar
de biocombustibles en el transporte, es hablar de “biodiésel”, y el “biodiésel”
se obtiene con aceites vegetales. Antes de que la mayoría del sector disponga
de “biodiésel” en cantidad, calidad y precios adecuados, el propio sistema
recomienda: --no utilizar más del cinco por ciento de terrenos susceptibles de
ser cultivados de productos para alimentación a cultivos energéticos--, tal
sugerencia podría resultar lógica, si no fuese en sí misma un sofisma.
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Para
mantener el estatus quo que no
beneficia, ni a los consumidores, ni a los profesionales del transporte, ni al
empleo, los burócratas esgrimen que la
UE recomienda –no dedicar más del 5% de
los terrenos agrarios a cultivos energéticos--, pasando por alto que, en España, anualmente se deja el 18% de
todos los terrenos cultivables, a barbecho de secano. ¿Cómo pueden argumentar no utilizar más del 5%, cuando se mantiene
improductivo el 18% de todo el potencial cultivable nacional? Ese
improductivo, pero subvencionado, barbecho puede convertirse en terreno
productor de cultivos energéticos; aportando además, 1,5 toneladas de proteína
por cada hectárea cultivada. Es decir: --la burocracia, prefiere mantener 3
millones de hectáreas sin cultivar y, por tanto, imposibilitando que la
ganadería española pudiese disponer de una proteína que disminuiría el precio
de los piensos y de los productos ganaderos obtenido--.
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Cuando
nos reunimos con los burócratas españoles y les exponemos la realidad nacional,
y que esta realidad debe ser conocida en
Bruselas nos responden: --“id vosotros a explicarlo a Bruselas que
a nosotros nos da la risa”--. No hay
nada que compita más con la producción y el encarecimiento de los alimentos que
mantener, año tras año, en España 3
millones de hectáreas de barbecho, siendo posible los cultivos agroenergéticos.
Y de esto ¿Qué opinan los 6 millones de
desempleados?
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El
sistema está tan enfermo, que los burócratas pasan por alto: --el potencial
creador de empleo; la colaboración, con energía barata, a la Seguridad Energética Nacional; que el transporte disponga de combustible más
barato que el actual; que el Estado
se ahorre cientos de millones en adquisición de cuotas de CO2, y que las zonas rurales deprimidas colaboren con el PIB nacional, fijando la población al
territorio. Y, desgraciadamente, los ciudadanos también pasan por alto la
realidad, mientras reprochan los enormes impuestos que hay que pagar, para que
la casta siga como si aquí no ocurriese nada. Mientras, el Estado tiene un déficit de absorción de CO2 de 105 millones de
toneladas, lo que supondrá gastar 735 millones de euros para garantizar los
compromisos adquiridos.
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Con
toda esta sucesión de incoherencias, ¿Quién
cree usted, respetado lector, que se beneficia con que –se legisle, lo que se
legisle—todo siga igual? Yo, opino
como usted.
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Cuando
la política deja de interesar a los ciudadanos normales, se convierte en un
instrumento utilizado por aquellos que la utilizan para el beneficio de su
casta, su familia y su clan. Konrad
Adenauer dijo: --“En política, lo
importante no es tener razón, sino que se la den a uno”--. ¡Pues eso!
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…He dicho!
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*Es Presidente del GEA&GEA
No tengo palabras, ES MUY FUERTE
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