jueves, 16 de mayo de 2013

Mentiras, grandes mentiras y legislación


*Por Ángel Rico
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Le confesaré a usted, respetado lector, que una de las etapas más apasionantes de mi vida fue la que transcurrió en Bruselas; diez años como miembro de uno de los comités consultivos del departamento de Agricultura de la Comisión Europea. Allí aprendí que --“un camello es un caballo diseñado por uno de aquellos comités”--, es decir, aprendí que: --los mismos que legislan sobre un asunto, son los encargados de entorpecer, con argucias burocráticas, la aplicación de lo legislado--.
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En la actualidad tenemos distintas Directivas, que como es sabido, son disposiciones normativas de Derecho Comunitario, en el cual se establece un objetivo que todos los países de la UE deben cumplir, aunque cada país debe decidir cómo aplicarla en su territorio. Y como ejemplo tenemos, entre otras, la “Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables”, y la “Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales”, en ambos casos los estados tienen la obligación de cumplir lo que dictan esas leyes, pero por cuestiones que apestan a corrupción, los objetivos de esas leyes no se cumplen.
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Cuando se publicaron las primeras disposiciones comunitarias (2001 y 2003) en materia de biocombustible en el transporte, en España se prodigaron la construcción de fábricas de biodiésel. Se construyeron cuarenta, y los contribuyentes aportaron, a fondo perdido, mil millones de euros para su construcción. El 80% de esas fábricas están cerradas y, la mayoría de las cerradas nunca funcionaron. Pero los mil millones de los contribuyentes se perdieron para siempre.
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Es un hecho conocido que la energía es un bien muy caro en España, como es sabido que hay alternativas nacionales, al contaminante y caro gasóleo. Como también es notorio que en España, el 85% de todas las mercancías se mueven por carretera; luego sería lógico pensar que: --desde el Estado se pondrían todos los instrumentos a favor de disponer de energía nacional, barata y renovable--, pues no. Y, lo más escalofriante, es que al sistema le importa muy poco la existencia de 6,2 millones de desempleados, porque si le importase algo no pondrían tantas trabas al cumplimiento de la propia legislación que obliga al Estado.
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Cualquier excusa es suficiente para, dificultar la aplicación de lo legislado. Por ejemplo, la Directiva 2009/28/CE, obliga a que en el 2020 el transporte utilice el diez por ciento de su energía con biocombustibles. Hablar de biocombustibles en el transporte, es hablar de “biodiésel”, y el “biodiésel” se obtiene con aceites vegetales. Antes de que la mayoría del sector disponga de “biodiésel” en cantidad, calidad y precios adecuados, el propio sistema recomienda: --no utilizar más del cinco por ciento de terrenos susceptibles de ser cultivados de productos para alimentación a cultivos energéticos--, tal sugerencia podría resultar lógica, si no fuese en sí misma un sofisma.
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Para mantener el estatus quo que no beneficia, ni a los consumidores, ni a los profesionales del transporte, ni al empleo, los burócratas esgrimen que la UE recomienda –no dedicar más del 5% de los terrenos agrarios a cultivos energéticos--, pasando por alto que, en España, anualmente se deja el 18% de todos los terrenos cultivables, a barbecho de secano. ¿Cómo pueden argumentar no utilizar más del 5%, cuando se mantiene improductivo el 18% de todo el potencial cultivable nacional? Ese improductivo, pero subvencionado, barbecho puede convertirse en terreno productor de cultivos energéticos; aportando además, 1,5 toneladas de proteína por cada hectárea cultivada. Es decir: --la burocracia, prefiere mantener 3 millones de hectáreas sin cultivar y, por tanto, imposibilitando que la ganadería española pudiese disponer de una proteína que disminuiría el precio de los piensos y de los productos ganaderos obtenido--.
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Cuando nos reunimos con los burócratas españoles y les exponemos la realidad nacional, y que esta realidad debe ser conocida en Bruselas nos responden: --“id vosotros a explicarlo a Bruselas que a nosotros nos da la risa”--.  No hay nada que compita más con la producción y el encarecimiento de los alimentos que mantener, año tras año, en España 3 millones de hectáreas de barbecho, siendo posible los cultivos agroenergéticos. Y de esto ¿Qué opinan los 6 millones de desempleados?
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El sistema está tan enfermo, que los burócratas pasan por alto: --el potencial creador de empleo; la colaboración, con energía barata, a la Seguridad Energética Nacional;  que el transporte disponga de combustible más barato que el actual; que el Estado se ahorre cientos de millones en adquisición de cuotas de CO2, y que las zonas rurales deprimidas colaboren con el PIB nacional, fijando la población al territorio. Y, desgraciadamente, los ciudadanos también pasan por alto la realidad, mientras reprochan los enormes impuestos que hay que pagar, para que la casta siga como si aquí no ocurriese nada. Mientras, el Estado tiene un déficit de absorción de CO2 de 105 millones de toneladas, lo que supondrá gastar 735 millones de euros para garantizar los compromisos adquiridos.
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Con toda esta sucesión de incoherencias, ¿Quién cree usted, respetado lector, que se beneficia con que –se legisle, lo que se legisle—todo siga igual?  Yo, opino como usted.
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Cuando la política deja de interesar a los ciudadanos normales, se convierte en un instrumento utilizado por aquellos que la utilizan para el beneficio de su casta, su familia y su clan. Konrad Adenauer dijo: --“En política, lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno”--. ¡Pues eso!
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…He dicho!
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*Es Presidente del GEA&GEA

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